Para los que creen que este no es un blog serio.
Una vez más en la historia contemporánea argentina, la inflación pasa a ser parte del debate luego de más de una década de no ser considerada un problema (¡inclusive en los cursos de economía el estudio de la inflación dejó su lugar al desempleo!). Sin embargo, la inflación actual es diferente a la que azotó a la economía argentina en décadas pasadas así que vale la pena revisar el debate más importante dividiéndolo en: 1) las causas de la aceleración de la inflación y 2) las políticas anti-inflacionarias.
Las causas de la inflación. El fenómeno inflacionario en Argentina tiene causas múltiples. Primero, hay inflación de demanda ya que la demanda interna (consumo privado y público, e inversión) está creciendo a más del 10% interanual y, aunque la oferta crece a tasas altas aunque algo menores, el exceso de capacidad instalada es mucho menor al de años anteriores (y algunos sectores están operando al tope). Segundo, hay inflación de costos como consecuencia de la suba en salarios, energía e impuestos y el consiguiente intento de las empresas por preservar el margen de beneficios. En lo que va del año, el salario de los trabajadores registrados aumentó alrededor del 20%, el doble que la inflación, lo que implica un aumento real del 10%. La energía a los grandes usuarios también aumentó en forma importante. Finalmente, la prohibición de ajustar los estados financieros por inflación hace que la suba de precios implique también el cobro de mayores impuestos y hasta que se confisque patrimonio de las empresas. Tercero, hay ajuste de precios relativos (la primera explicación ensayada por el ex ministro Lavagna) ya que, como se sabe, a la salida de una maxi devaluación los precios de los servicios (los bienes no comercializables) ajustan mucho más lentamente. Finalmente, hay inflación importada a través del precio de los bienes comercializables cuya demanda externa aumentó sensiblemente como la carne o la leche.
Hay que decir que la emisión monetaria no genera inflación. El banco central emite pesos (o deuda) para comprar dólares y en ese proceso aumentan sus pasivos pero también sus activos. En principio, lo mismo ocurría en la convertibilidad donde, en forma pasiva, la autoridad monetaria compraba todos los dólares que el mercado quisiera venderla y emitía pesos a cambio. Hoy, la inflación tiene origen en las decisiones reales de las empresas y las familias de vender dólares a cambio de pesos con el fin de consumir e invertir. En todo caso, el banco central convalida la demanda. ¿Por qué en la convertibilidad no había inflación? Porque la existencia de un peso caro favorecía las importaciones que funcionaban como un techo a los precios de los bienes comercializables.
El proceso inflacionario en curso no se parece al que sufrió Argentina durante décadas pasadas por varias razones esenciales. Primero, hasta aquí la inflación moderada no tuvo consecuencias en términos de crecimiento ya que el alza de precios triplicó su ritmo en tres años mientras que el nivel de actividad creció en forma sostenida al 9% anual. Segundo, no hay en esta coyuntura trazos de la aritmética monetarista desagradable por la que se emite deuda para financiar el déficit público y luego esta deuda, al no poder servirse con recursos genuinos, tiene que monetizarse. Y, ya se dijo, tampoco se emiten pesos sin respaldo. Tercero, la inflación mejora las cuentas públicas debido a que la recaudación aumenta aproximadamente a la par del crecimiento de la economía en términos nominal (el crecimiento real más el aumento de precios) exactamente lo contrario de lo que ocurría en la historia argentina donde la inflación, en cambio, era causa y consecuencia de crisis fiscales profundas. Es decir que resulta claro que a los niveles actuales todavía no existe un trade-off entre inflación y crecimiento. La primera pregunta relevante es ¿a qué niveles de inflación reaparece este trade-off?
La respuesta, aunque vale intentarla, es provisoria. Los estudios econométricos a través del tiempo y entre países sugieren que la inflación tolerable más alta está en un rango de 8% al 11% y luego, a medida que sube, el crecimiento tiende a ser menor. El comportamiento actual de la economía sugiere que el rango tolerable en Argentina es mayor. Otra alternativa es estudiar a países parecidos: el milagro chileno, por ejemplo, ocurrió a tasas de inflación altas ya que el promedio de inflación anual en Chile para la década 1980-1990 fue de casi el 20% y de hecho la inflación no bajo de los dos dígitos de crecimiento sino hasta el año 1995. Curiosamente, una de las explicaciones del éxito chileno es uno de los cucos en el caso argentino: la economía del país trasandino se indexó exitosamente a la inflación lo que evitó, entre otras cosas, que los capitales se fugaran ya que no sufrieron las pérdidas de capitales como consecuencia de tasas de interés reales negativas.
Otra razón que sugiere que la economía argentina tolera niveles más altos de inflación sin consecuencias sobre el crecimiento tiene que ver con las consecuencias negativas de la inflación. Ya se dijo, ahora las cuentas públicas mejoran a la par del aumento de precios. En la historia argentina, la inflación era muy dañina también por el proceso de acortamiento de los contratos que se producía. Pero, la economía sufrió una crisis profunda en la cual prácticamente desaparecieron los contratos de mediano y largo plazo (que en los años noventa se fijaban en dólares) hace apenas cuatro años. Es razonable conjeturar que ¡la inflación actual no tiene demasiados contratos que dañar! Y es por eso que no está afectando el crecimiento. Que la fiebre le permita al paciente llevar una vida normal no significa que uno no deba estar atento, sobre todo si el paciente tiene antecedentes. Así que hay que discutir las posibles decisiones de política anti-inflacionaria.
Combatiendo a la inflación. De las causas de la inflación hay que pensar la posibilidad y necesidad de las curas. El crecimiento de la demanda puede morigerarse, si se desea, mediante políticas macroeconómicas. Típicamente, la política monetaria y la política fiscal. Por ejemplo, la suba de las tasas de interés desacelera el consumo y promueve el ahorro. O el aumento de los impuestos o la un crecimiento menor en el gasto. Todas recomendaciones de libro de texto. Aunque la realidad de un país chico y abierto al movimiento de capitales complica las cosas: una suba en la tasa de interés puede terminar atrayendo capitales e impedir que la economía se desacelere y, a la vez, hacer más difícil sostener el tipo de cambio competitivo. Esa y no otra fue la política anti-inflacionaria de Brasil que subió fuertemente las tasas, entraron capitales, se apreció fuertemente el real y se desinfló el precio de los bienes comercializables. Hay que destacar que Brasil desinfló las expectativas sin consecuencias en la actividad económica ya que el trabajo sucio lo hizo la apreciación de la moneda (y recién ahora empieza a sentir la pérdida de competitividad). Para el gobierno argentino, el tipo de cambio competitivo, que promueve la creación de empleo, es una política esencial ya que, en su interpretación, la restricción social que plantea la crisis profunda por la que todavía se transita sólo se resuelve en forma permanente creando puestos de trabajo. Una política fiscal contractiva plantea también problemas distributivos ya que convalida la demanda de los sectores con mayor ingreso o riqueza a la vez reduciendo el gasto social.
Hasta la salida de Lavagna, la estrategia del gobierno se orientaba en la dirección de desacelerar el crecimiento del gasto primario y el circulante que están creciendo más del 20% este año lo que significa a una velocidad igual o mayor que el PBI nominal. Si se recortaba a la mitad la tasa de crecimiento de ambas variables, por debajo del aumento del PBI nominal, la política era neutral o incluso marginalmente contractiva. No se trataba de frenar la economía sino, en todo caso, de no seguir agregando leña al fuego de una demanda creciendo a dos dígitos. En todo caso, el objetivo no era disminuir la inflación sino contenerla en los niveles actuales. Queda aun abierta la cuestión de si la nueva conducción va a mantener aquellos lineamientos.
La orientación del gobierno ahora parece haber pasado de la macro a la micro. Los acuerdos de precios (inaugurados con el ex ministro Lavagna), la liga de seguimiento de precios y el énfasis en los mecanismos de defensa de la competencia no pueden seriamente considerarse una política anti-inflacionaria. La fiscalización descentralizada de los precios o las leyes antitrust no tienen antecedentes ni en la teoría ni en la práctica anti-inflacionaria. Los acuerdos, en la propia experiencia argentina, duran poco. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno macroeconómico.
Además de buscar reformular el proceso de fijación de precios, la conducción Kirchner – Miceli plantea una parte de la solución en el aumento de la inversión y, por lo tanto, de la oferta. Hay dos problemas con esto. El factor tiempo es el primero ya que el aumento de productividad y/o de oferta que resulta de la maduración de las inversiones no tiene lugar inmediatamente. Además, no es claro porque la inversión en bienes comercializables, cuyo precio viene determinado por el precio internacional, va a reducir la inflación. En todo caso, estos sectores venderán más al exterior a los precios vigentes. Otra cosa sería aumentar la inversión en infraestructura pero esto depende en parte de decisiones de aumentos de tarifas que el gobierno no va a tomar ya que, además de costo político, tienen impacto negativo inmediato en la inflación.
Es decir que la economía argentina va a convivir en los próximos años con una inflación alta. Tal vez incluso llegue a testar el nivel de inflación a partir del cual el crecimiento (y por lo tanto el capital político del gobierno) empieza a verse afectado. Será ese límite si se alcanza, y no otro, el que lleve al gobierno a cambiar de rumbo e implementar políticas anti-inflacionarias más típicas.
