domingo, 6 de noviembre de 2005

¿Los qué saben o buenas intenciones + ambiciones políticas?

En el número de hoy del Diario Perfil se extractan algunas páginas del libro SIN ATAJOS de Javier González Fraga y Martín Lousteau. A continuación reproduzco la nota (larga) y, al final, hago un par de comentarios (cortos).

La inflación fue el gran drama de la economía argentina desde mediados del siglo XX y culminó con los períodos hiperinflacionarios de finales de los ochenta y principios de los noventa. Precisamente fue esta historia inflacionaria la que preparó el terreno para la implementación de los distintos planes "mágicos" (la tablita de Martínez de Hoz, el Plan Austral o la convertibilidad), con la justificación de tener que frenar de raíz las expectativas inflacionarias a través de la fijación del tipo de cambio nominal.

Más allá del uso doméstico de la palabra ortodoxia, debe destacarse que la verdadera receta ortodoxa para combatir la inflación no es de naturaleza cambiaría sino fiscal, evitando los déficit excesivos; monetaria, a través de un Banco Central que no genere expansión monetaria sin demanda, y regulatoria, con una apertura razonable al comercio internacional y una adecuada desregulación de los mercados internos que garantice la competencia. Esta combinación de políticas económicas fue ganando adeptos en casi todo el mundo durante las últimas décadas y, con diferentes matices, también tuvo una amplia aplicación en América latina. Consistentemente con ello y otros elementos adicionales, la derrota de la inflación se transformó en uno de los fenómenos económicos a escala mundial que marcaron la década pasada.

Cuando estas condiciones básicas no se dan y se genera un proceso inflacionario aparecen los llamados "mecanismos de propagación", que terminan acelerándola y perpetuándola. Entre ellos se cuentan los mecanismos de indexación, los aumentos de precios "preventivos" de nuevos ajustes de costos y las carreras entre aumentos de precios, tarifas y salarios. Esta inflación de "expectativas" es la que se trataba de extirpar mediante aquellos planes efectistas que pretendían, usando el ancla cambiaría, alterar la psicología y el comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, al no atacar de raíz el flagelo, sólo se lograba moderar la inercia inflacionaria de forma meramente temporaria.

En la actualidad, la economía argentina presenta características que hacen muy difícil la posibilidad de experimentar un pico inflacionario de la magnitud desplegada en tiempos pasados. Existe un nivel de apertura comercial que era desconocido en épocas anteriores y un equilibrio fiscal también inédito. El Banco Central ya no es un factor de expansión monetaria autónoma como en los días de los encajes ban-carios retribuidos y del tristemente célebre déficit "cuasi fiscal", ni ha habido cierres de bancos con garantías de depósitos que provoquen olas de expansión monetaria como en los ochenta.

No obstante, resulta relevante analizar con detalle la evolución reciente que han tenido los precios. Si bien los años 2003 y 2004 mostraron una inflación muy moderada, el primer trimestre de 2005 trajo consigo cierta aceleración en materia de precios. Por las condiciones reinantes, ello no justifica ningún temor a posibles espirales o desbordes inflacionarios. Pero en vista del pasado argentino, se trata de un tema que merece ser mirado con especial atención. No sólo porque las altas tasas de inflación fueron las que llevaron a la adopción de planes quiméricos sino por los perniciosos efectos macroeconómicos de la inflación y los graves costos en materia social que generan.

La comprensión del proceso inflacionario resulta, por estos motivos, una cuestión central. Así lo es también en todas las economías modernas. Una inflación moderada que no resulte un escollo para las decisiones cotidianas y los planes futuros es una de las contribuciones fundamentales de la política económica para el desarrollo. En el caso argentino, el objetivo de tasa de inflación debe tener en cuenta tanto las circunstancias económicas históricas, ya que somos particularmente sensibles a ellas, así como también las actuales, lo que se traduce en el múltiple compromiso de contener los precios, mantener la competitividad y atender las necesidades fiscales. La tasa de inflación se transforma en un punto nodal en el que confluyen elementos como el valor real de los salarios y la distribución del ingreso, el tipo de cambio real, el gasto público real, el peso de la deuda ajustada por CER y los recursos fiscales.

[...] Es importante recordar que lo que realmente importa en términos de la competitividad de un país es su tipo de cambio real multilateral. Es por ello que los esfuerzos tendientes a sostener el valor del dólar, en un contexto en el cual dicha moneda se aprecia con respecto a las otras divisas, genera una depreciación innecesaria del peso que contribuye al alza de los precios. Esto ocurre tanto por los mayores costos que implica para los insumos importados como por la posibilidad de vender en el exterior en condiciones muy ventajosas, lo que en un ambiente de exceso de demanda conlleva cierta traslación a precios internos de esos precios externos.

Todas estas presiones inflacionarias, que es lógico que surjan a partir del cambio estructural que tuvo lugar, fueron convalidadas por el BCRA a través de una mayor expansión monetaria. La misma estuvo explicada por dos elementos muy importantes. En una primera etapa, con una incipiente salida de la recesión y un sistema financiero fuertemente golpeado, el aumento en la oferta monetaria tuvo que ver con el incremento que se verificaba en la demanda de dinero y con la necesidad de generar liquidez para no ahogar el crecimiento que se insinuaba.

Más recientemente, la expansión se halla relacionada con los esfuerzos realizados en pos de evitar la apreciación del peso a través de la compra de dólares.
No obstante lo anterior, sería un error grave considerar que el origen de la inflación es fundamentalmente monetario. Todo proceso inflacionario contiene necesariamente un componente de carácter monetario, pero en este caso se trata de una convalidación de otras presiones alcistas a través de la liquidez. Por ello, siendo la inflación un proceso de múltiples orígenes, debería evitarse que la lucha antiinflacionaria recaiga fundamentalmente en el BCRA utilizándose, en cambio, una batería de herramientas distintas.

Si la autoridad monetaria intentara secar el mercado subiendo las tasas de interés no lograría frenar el proceso inflacionario. El aumento de las tasas de interés es un recurso antiinflacionario que funciona bien en los países desarrollados, donde el endeuda miento privado es muy amplio y también la tenencia de bonos y activos financieros cuyos precios caen al subir las tasas, con lo que el efecto riqueza derivado de los cambios en la tasa afecta a la demanda agregada. En países como el nuestro, con un sistema financiero y un mercado de capitales poco profundo, ha cen falta enormes incrementos de las tasas de interés para que tengan efectos sobre la tasa de inflación. Lo que ha pasado recientemente en Brasil ilustra en forma clara este punto. Entre octubre de 2004 y mar zo de 2005, la Reserva Federal en los Estados Unidos elevó la tasa de referencia, que era ne gativa en términos reales, en cien puntos básicos (de 1,75% a 2,75%) con el propósito de moderar el crecimiento eco nómico. En contraposición, el país vecino incrementó su tasa de referencia Selic, cercana al 10% en términos reales, unos 300 p.b. (de 16,23% a 19,25%); es decir, tres veces más, con el fin de reducir el ritmo de aumento de los precios pero corriendo el riesgo de abortar el proceso de reactivación que recién había comenzado en el año 2004.

Un aumento de esas características en las tasas de interés en la Argentina tendría dos efectos muy negativos: generar las condiciones para que lleguen al país más capitales especulativos y abortar el proceso de aumento de la inversión real que se viene dando desde hace dos años. Se crearía así un círculo vicioso: tasas de interés más altas para neutralizar los pesos que se generan por la entrada de capitales golondrina y que es necesario emitir debido al objetivo de mantener un tipo de cambio competitivo. Nada constituiría una mejor noticia para el especulador financiero que el BCRA defienda a ultranza un valor piso para e: dólar y que, al mismo tiempo, se eleven las tasas de interés.

Ello no quiere decir que las tasas no deban subir Luego de la crisis vivida, diversos motivos amerita ban una tasa de interés real negativa. Sin embargo, a medida que la economía se recupera y que muchos de esos considerandos originales desaparecen, re sulta lógico y deseable -ya que incentiva el ahorre interno- que la tasa se eleve siempre que se man tenga en niveles reales razonables. Esto debe ocurrii naturalmente, como resultado de la acción privad; y no del BCRA, a medida que la demanda de diñen se normaliza y lleva a una moderación del ritmo de expansión monetaria. El peso de la lucha antiinflacionaria debería pasar por carriles diversos. No caer en indulgencia monetaria es uno de ellos, a los efectos de no convalidar en forma pasiva el efecto del resto de las fuerzas en juego. Paralelamente, una leve apreciación nominal del peso, manteniendo siempre niveles reales competitivos, serviría para que no se trasladen a costos y precios internos niveles externos elevados en forma artificial. Una adecuada política fiscal también es importante para no recalentar la economía.

Las tareas de defensa de la competencia en aquellos sectores en que existe poder de mercado también resulta clave. Es un buen momento para cumplir con la letra de la ley y llamar a la constitución de un tribunal independiente y profesional de defensa de la competencia, que entienda la relevancia de la tarea a cumplir. Pero la inflación actual también se explica por un defecto de falta de oferta. Desde una perspectiva de largo plazo, la inflación de una economía con elevado desempleo y una precaria situación social no se explica por un exceso de demanda sino por una oferta insuficiente. Es por ello que entre las principales medidas a tomar se cuentan el incentivo a la inversión. A mediano plazo, nada puede ser más efectivo que lograr que las empresas que están en los sectores "recalentados" inviertan para ampliar la capacidad instalada. Estas grandes empresas, algunas nacionales pero muchas extranjeras, están en condiciones de invertir y ello les generaría mayores ganancias que subir los precios manteniendo el volumen actual. Algunas de estas empresas no invertían en los años anteriores porque previamente tenían que reestructurar sus pasivos en dólares y otras, extranjeras en su mayoría, porque el país se encontraba en defau.lt. Hoy estas trabas prácticamente se han eliminado. Sin embargo, algunas de ellas tienen temores con respecto a la cuestión energética, clave en los sectores productores de materias primas industriales

Como se puede apreciar, el fenómeno de la inflación es complejo en sus orígenes pero muy importante a los ojos de la sociedad. Por ello, creemos que es fundamental que las autoridades expliciten claramente cuál es su posición frente al problema, a través de qué mecanismos van a lidiar con las subas de precios y cuál es su compromiso en materia inflacionaria.

En lugar de reaccionar intempestivamente, el combate contra la inflación requiere un diagnóstico y un rumbo claros. Despotricar e intentar imponer por la fuerza lo que a la larga resulta inconsistente con la realidad no resulta una buena política y crea una suerte de psicosis colectiva, injustificada en vista de las condiciones macroeconó-micas imperantes. En lugar de ello sería mejor que el Gobierno hiciera pública su lectura de la situación en el corto, mediano y largo plazo y que comunicase las medidas a tomar para cumplir con sus objetivos. Así podría comunicar que la suba de precios es lógica luego de una crisis estructural como la vivida y dado el ritmo de crecimiento actual. También, que en vista de las necesidades de empleo existentes no ahogará el crecimiento con medidas contraproducentes, por lo que la inflación del año en curso podría ser levemente superior al 10%, pero que se tomarán los recaudos necesarios para que converja en forma rápida a valores inferiores al 10% y disminuyendo aún más en el largo plazo.

En resumen, creemos que la reaparición de la inflación merece toda la atención por parte de las autoridades, pero no debe generar pánico ni ser usada por los escépticos de siempre para desacreditar esta política económica.

La solvencia fiscal y el FMI. Desde la crisis de fines de 2001 las finanzas públicas han mostrado una notable mejoría. Los factores que han contribuido en este sentido son variados, pero no caben dudas de que la austeridad que han exhibido las autoridades ha sido uno de ellos. Las cuentas fiscales pasaron así de un déficit primario promedio del 4,1% del PBI en el período 1960-1990 y de un resultado equilibrado en los diez años de la convertibilidad, a superávit crecientes del 0,7% en 2002, 3% en 2003 y 5,2% en 2004.
Pero el entendimiento de la solvencia fiscal no puede concentrarse en el análisis del superávit primario actual, ya que este concepto ni siquiera incluye los servicios de la deuda (intereses más amortizaciones). La solvencia fiscal, entendida como la medida en que el Estado es capaz de cumplir con sus obligaciones, debe pensársela desde las posibilidades de cubrir las necesidades de financiamiento a lo largo del tiem- po. Se trata, por ello, de un fenómeno amplio, de carácter intertemporal, que necesariamente debe incluir las perspectivas de crecimiento de la economía (y en consecuencia de los ingresos del Estado), las obligaciones financieras derivadas de desequilibrios pasados que deben abonarse en el futuro (cargas de la deuda) y las posibilidades existentes para refinan-ciar los vencimientos de capital.

La reciente reestructuración de la deuda pública ha sido un paso muy importante en pos de la consolidación fiscal. Como resultado de este proceso no solamente se logró una significativa disminución del capital (del orden de los US$ 55.000 millones) sino que se redujo notablemente la carga de intereses (del 3,8% del PBI en 2001 al 1,8% en 2005) y se extendieron los plazos de los vencimientos (que aumentaron 2,5 años en promedio). De esta forma, las obligaciones derivadas de esta reestructuración no ahogan el crecimientoeconómico futuro. Y, como muestra la experiencia de los años noventa, no hay solvencia fiscal posible en una economía que no crece.

El otro elemento favorable del proceso de reestructuración es que las características de la nueva deuda permiten reducir la vulnerabilidad de las cuentas públicas a eventuales shocks externos, ya que se reduce la exposición a fluctuaciones bruscas del tipo de cambio y a subas en las tasas de interés internacionales. La reestructuración de la deuda nos ha dejado un saludable aumento de la proporción de la deuda pública denominada en pesos (que pasa del 3% al 37% del total) y de la establecida a tasa fija (aumenta del 60% al 70%).

Pese a estos avances significativos, la solvencia fiscal dista de estar garantizada. La deuda pública luego del defau.lt alcanza el 82% del PBI, un nivel todavía elevado desde una perspectiva histórica y en la comparación internacional. De la misma manera,
las necesidades de financiamiento de los próximos años no están cubiertas. La exigencia financiera que representa la situación actual de pende de la estrategia que sigan
las autoridades en relación con la deuda contraída con el FMI,
dado que los vencimientos de capital con este organismo hasta el año 2008 suman nada menos que US$ 13.500 millones.

La poca profundidad del sistema financiero local y el todavía restringido acceso a los mercados internacionales de capitales ponen en duda la sustentabili-dad de insistir en la estrategia de "desendeudamiento rápido" con ese organismo. En ausencia de un acuerdo con el FMI, la brecha de financiamiento del Gobierno nacional para los próximos cinco años podría superar los US$ 7.600 millones anuales (un 3,7% del PBI en promedio). Este financiamiento podría surgir naturalmente de la obtención de un mayor superávit primario, pero cabe preguntarse si no existen otras prioridades para un país con un gran deterioro social y un nivel de infraestruc-ra insuficiente.


Este análisis indica que puede resultar conveniente convivir con el FMI durante algunos años. Aunque esto no se trata, sin embargo, de una necesidad imperiosa. Durante la convertibilidad, la Argentina colocó en los mercados financieros (locales e internacionales) montos muy superiores a los que vencen con el FMI en los próximos años. Podría seguir esa política en esta oportunidad, pero las condiciones financieras serían significativamente peores a las vigentes con el FMI.
Por eso sería inteligente seguir una política de desendeudamiento paulatino para poder desentenderse de los consejos y las presiones de dicho organismo sólo en el mediano plazo. Está claro que la mejor opción consistiría en poder prescindir del FMI sin generar otros inconvenientes, ya que la tutela de este organismo ha resultado históricamente cara por los condicionantes que suele intentar imponer. La diferencia radica en que estos años de disputas y mayor independencia del organismo han sido exitosos en términos del desempeño económico del país y que tanto los aciertos de las autoridades argentinas y los yerros del organismo, como el humor internacionalcon respecto al FMI, dejan a este último con poco poder relativo para establecer exigencias alejadas de la realidad.

Digamos primero que González Fraga es candidato permanente a cualquier cosa (en el BCRA o en el MECON) y que Lousteau asciende como un meteorito la escala de la administración pública. Así que lo digan hay que leerlo, cuando más no sea por el peso público - potencial y real - de ambos.

Primero, es interesante que GF y L acepten que las tasas de interés tienen que subir, aunque sea sólo "razonablemente" (¿Quién puede estar en contra de lo razonable? Aunque desde el punto de vista técnico no significa nada). Y me extraña que estos sean párrafos tomados de SIN ATAJOS ya que, por lo que recuerdo del libro, era muy enfático en la noción de tasas de interés bajas. Segundo, hay que destacar también que GF y L adhieren a la visión de que lo que importa es el tipo de cambio real multilateral (como corresponde) y no el tipo de cambio real unilateral (cotización del dólar dividido la inflación doméstica) que es lo que reclaman la UIA, Peirano y Curia. En ese sentido, también sugieren que tal vez el tipo de cambio se haya depreciado innecesariamente empujando los precios (tampoco recordaba esta moderación en el libro pero la memoria juega malas pasadas).

Ahora, mis objeciones. Dicen que la economía está abierta... no a las importaciones seguramente a este nivel de tipo de cambio real recontra alto. Dicen que hay hacer valer la ley de defensa de la competencia pero la inflación es siempre y en todo lugar un problema macroeconómico y no como creen periodistas tipo Montenegro que hacer política antiinflacionaria es ocuparse del mercado de los supermercados. Dicen que hay que aumentar la oferta (¿y a quién no le gustaría?) pero ¿por qué aumentar la oferta de bienes transables va a bajar la inflación si el precio de estos bienes es la paridad de exportación?.

Lo del título.

1 comentario:

  1. Dicen GF y L "... la inflación actual también se explica por un defecto de falta de oferta. Desde una perspectiva de largo plazo, la inflación de una economía con elevado desempleo y una precaria situación social no se explica por un exceso de demanda sino por una oferta insuficiente."
    Los autores parecen desconocer la logica mas elemental: "siempre que hay exceso de demanda hay insuficiencia de oferta" simplemente se trata de dos caras de la misma moneda, o acaso se podria concebir un exceso de demanda sin insuficiencia de oferta??

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