A veces la aritmética más sencilla alcanza: en un sistema de reparto donde a cada jubilado lo financia un trabajador y medio que aporta poco más de un cuarto de su salario, es imposible darle el 82% móvil.
Lo explicó con claridad Juan Carlos de Pablo: si los activos aportan un 27% del salario y hay 1.5 por pasivo, lo que puede efectivamente repartirse es poquito más de 40% del salario.
Obviamente, al "reparto" podrían agregársele otras fuentes (y hay propuestas para todos los gustos) como i) el superávit de la ANSES excepto que no es permanente y se dedica ahora a financiar la asignación universal por hijo; ii) la disminución o eliminación de los subsidios a los más pudientes pero parece que hay restricciones políticas; iii) cualquier aumento de impuestos como, por ejemplo, transacciones financieras, eliminación de exenciones o cuestiones por el estilo; o iv) reducir fuertemente la informalidad laboral (como, por ejemplo, hizo Brasil).
A nivel consolidado - gobierno nacional y provincias - ya tenemos déficit así que el margen de maniobra, sin nuevas fuentes de financiamiento, es limitado.
Los números de la seguridad social no ayudan.
Habrá a quienes les guste hablar de subordinar la economía a la política pero, en este caso, es mucho más difícil: lo que habría que torcer son las leyes de la artimética que, desagradables o no, implica ya agarrárselas con la lógica. No sería la primera vez.
